La mayoría de ellas tienen que ver con cuáles serán las empresas que reemplazarán la oferta de conexión de Cablevisión. Los argumentos opositores apuntan a un desabastecimiento en el servicio y de un “duopolio” por parte de las telefónicas
En medio de la puja entre el Gobierno y la empresa de servicio de Internet Fibertel, empiezan a emerger las consecuencias que la desaparición de esta licencia produciría en las ciudades que no poseen otra alternativa de conexión. Se trata de regiones en las que no existen los servicios de cooperativas telefónicas, y que culminaron teniendo una sola opción luego de la fusión de las empresas Cablevisión y Multicanal.
En términos nacionales, en la actualidad hay dos grandes empresas que se reparten la mayor parte de los usuarios conectados por cable-módem, la ya mencionada Fibertel, y Arnet, que pertenece a la empresa de telefonía fija Telecom. Con la privatización de esta última, el área de cobertura de sus servicios quedó limitada a grandes centros urbanos, allí donde la rentabilidad es mayor. El resultado de estas maniobras es la monopolización del servicio de conectividad que ofrece la empresa Cablevisión a través de una licencia ilegal, que adopta el nombre de Fibertel, pero que se trata de una entidad que no posee personería física para seguir operando.
En este contexto, surge la imperiosa necesidad por parte del Gobierno Nacional de garantizar la oferta del servicio en las localidades que sólo poseen esta opción de conexión. Así, por ejemplo, el mapa de cobertura de Internet de la provincia de Buenos Aires muestra sólo ciudades cabecera, con grandes concentraciones poblacionales, pero no localidades más pequeñas. Una de las alternativas que se descarta por una saturación en el servicio es la de módems portables, que además en la mayoría de los casos implica una mala calidad en la conectividad y un excesivo costo mensual.
Una de las principales dudas que flota en los consumidores es si las alternativas de conexión a través de las empresas que ya operan o que comenzarán a hacerlo en nuevas regiones podrán responder a la demanda de más de 1 millón de usuarios que hoy por hoy utilizan el servicio brindado por la empresa perteneciente al Grupo Clarín.
El centro-norte del país es una zona cubierta por el servicio de redes telefónicas de Telecom, que, se estima, será una de las principales empresas cooptadoras de aquellos usuarios que dejarán de pertenecer a Fibertel. En cambio, en el sur del país, donde opera la española Telefónica, se especula con un traspaso hacia los servicios de conexión que ésta ofrece bajo la firma Speedy. En este relieve, desde el grupo Clarín y entre las filas de la oposición, se hace sentir el reclamo por un “duopolio” en el ofrecimiento del servicio.
El argumento del Gobierno a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que es el organismo competente en este ámbito, apunta a una fuerte apuesta a las pymes que ofrecen el servicio de manera mayorista y a las cooperativas regionales que mayor desarrollo tecnológico tuvieron en los últimos años. Así, se busca apurar la incursión de esas compañías en el mercado minorista para apuntalar la oferta de proveedores alternativos a Fibertel que no dependan de las redes de las principales empresas de telecomunicaciones, Telefónica y Telecom.
En medio de esta fuerte lucha de intereses, un capítulo trascendental en la saga Gobierno vs. Grupo Clarín, surge la incertidumbre de un gran cúmulo de usuarios mal informados, receptores de dos discursos completamente antagónicos, y una evidente falta de responsabilidad y transparencia jurídica que tiene su origen en la fusión de las empresas Cablevisión y Multicanal, ante la cual el Gobierno actuó como cómplice y garante.
